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“Califato a la tucumana”

Por Irene Benito para La Gaceta (Tucumán). 

El proceso de concentración del poder estatal mutó de cabezas en 2015, pero permaneció sólido en sus fundamentos clásicos: la erosión de la calidad institucional y la reducción de los controles a expresiones simbólicas. La novedad fue el paso de la hegemonía casi total del ex gobernador José Alperovich a una supremacía compartida por actores del mismo palo, incluso en la Justicia. La identificación entre el organismo encargado de poner límites a la mayoría y sus representantes alimenta la idea de un bloque compacto al servicio del oficialismo, aunque todavía haya ínsulas de independencia judicial. Prácticas antiguas de absorción de los Tribunales, verbigracia el nombramiento de un fiscal de Estado en la Corte, conviven con la novedad de juicios que el Gobierno gana o gana -incluso si parece que pierde-, como el que lo habilitó a adelantar los comicios. Todo beneficia al mismo sector: según un príncipe del foro, esa deriva configura un califato a la tucumana donde la esterilización de la república se erige en una de las políticas de Estado más consistentes.

El modelo de poder único en los hechos, al mejor estilo del sistema que popularizaron los Omeya en la Andalucía medieval, encuentra su correlato actual en la vigencia de una Constitución enclenque, con hartos espejismos y engañifas, tan tortuosa como la realidad de que una porción de sus institutos fueron anulados mediante los distintos pleitos iniciados en los últimos 13 años. En el artículo 43 estaría el colmo de ese constitucionalismo carente de constitucionalidad inoculado por la reforma de 2006. Así, la votación electrónica prevista en el inciso 3 deviene inaplicable porque al desinterés evidente de los gobernantes se suman las candidaturas a rolete del régimen de acoples autorizado en el inciso 12 de la misma cláusula, mecanismo de “alianzas electorales” que reedita los lemas que el alperovichismo supuestamente había defenestrado en 2004. Esa incongruencia bloquea la posibilidad de modernizar la emisión del sufragio -para limitar el latrocinio de boletas, además de acelerar y fortalecer el escrutinio-, como lo advirtió esta semana Daniel Posse, presidente de la Corte y de la Junta Electoral.

Al cumplimiento selectivo histórico del artículo 43 (votación electrónica no, acoples sí) la vertiente massista del peronismo local -aliada al Gobierno en los comicios de 2017- añadió otra inseguridad jurídica. Una declaración de inconstitucionalidad decidida en tiempo récord (17 días), en un “litigio a solas” entre el Poder Ejecutivo y el Frente Renovador Auténtico, liberaría a Manzur de la obligación de convocar a elecciones en agosto estatuida en el inciso 6. Al mandatario le basta con consentir el fallo de su ex colaborador en el Ministerio de Salud, Juan Ricardo Acosta, y de Horacio Castellanos, para adelantar el encuentro con las urnas, sin que importe que hasta el jueves el staff de la Junta Electoral haya estado de vacaciones -incluida la hija del vicegobernador Osvaldo Jaldo, la funcionaria Ana Belén Jaldo-. Por el contrario, si el retorno a la fuente kirchnerista y las encuestas exigen pegar la campaña local a la nacional, el gobernador le alcanza con interponer un recurso de casación para obliterar el pleito que iniciaron los justicialistas “renovadores”. Todavía se desconoce cuál es la inconstitucionalidad sustancial del inciso 6 del artículo 43 (y del olvidado 100, que el viernes fue incorporado con fórceps al litigio) o, si se prefiere, por qué los comicios de agosto violan las vigas maestras del sistema democrático, pero eso sería una minucia en un caso donde el oficialismo puede salir victorioso cualquiera sea el rumbo de los acontecimientos.

La disminución de las chances de reveses judiciales para el Gobierno tiene más de un punto de contacto con el aterrizaje de otro de sus integrantes en la cúpula tribunalicia. Nada nuevo bajo el sol, como lo acreditan los vocales Posse, Antonio Estofán y René Goane (fue fiscal de Estado del gobernador militar Antonio Merlo), y los ministros públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, por citar sólo a los ex miembros del Ejecutivo con funciones en esta Justicia. La carrera de Daniel Leiva corrobora una tendencia que empezó hace cuatro décadas: la Fiscalía de Estado es el mejor trampolín para dirigir el Poder Judicial. Más allá de incrementar la sospecha de parcialidad y partidismo, la noticia del último traspasamiento está en la forma. Nunca antes una decisión tan trascendente como la cobertura de una vacante de la Corte había sido ejecutada en cinco días de la feria de enero -léase en el receso general-, mucho menos cuando la acefalía provenía de un fallecimiento acaecido hacía menos de un mes. La discrecionalidad avanza no sólo por el ímpetu de quienes gobiernan sino también gracias a las divisiones que imperan por doquier, desde la oposición hasta el Colegio de Abogados.

La repercusión del curriculum de Leiva, que comprende aplazos universitarios, militancia justicialista y la calidad de operador de Jaldo, dejó en segundo plano el ascenso de Eleonora Rodríguez Campos como fiscala de Estado. La sobrina carnal de Jiménez no sólo queda posicionada para ser la próxima incorporación de la Corte sino que, con la cartera de asuntos inherentes al cargo, hereda la intervención directa en los nombramientos de jueces, ámbito estratégico que Leiva había añadido a su portafolio, y en el que el jefe de los fiscales Jiménez mantiene la influencia casi como si no hubiese dejado el Poder Ejecutivo en 2014. Rodríguez Campos dominará la esfera de la administración pública que su tío debería controlar tanto en la órbita penal, mediante las investigaciones de presunta corrupción, como en el fuero en lo contencioso administrativo, a partir de la emisión de dictámenes. La Fiscalía de Estado también tiene una responsabilidad de contralor sobre el diseño y el funcionamiento del Ministerio Público: así lo atestigua el juicio relativo a la transferencia de la competencia para perseguir el narcomenudeo, que Jiménez y el ex fiscal Jorge Posse Ponessa, hermano del vocal Posse, acordaron frenar en 2015. Esas responsabilidades, que otras jurisdicciones entregan a órganos independientes o a opositores, aquí han quedado “en familia”, como prescriben los principios del califato.

Fuente: https://bit.ly/2t8Txrn